LA CRISIS DEL COVID19 Y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA

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LA CRISIS DEL COVID19 Y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA.En el periodo más crítico de la pandemia han fallecido más de seis mil personas en residencias para personas mayores de la Comunidad de Madrid. No sabemos con exactitud el número, pues no en todos los casos se les ha realizado una prueba PCR. El COVID-19 se ha cebado con las personas más vulnerables y, en especial, con aquellas que tenían determinadas patologías crónicas previas, entre las que son mayoría las personas de edad avanzada. Pero lo terrible no ha sido solamente el número de personas fallecidas en residencias, sino las circunstancias: en soledad y sin recibir la atención sanitaria a que como toda la ciudadanía tienen derecho. Ahora, asistimos a un cruce de acusaciones entre consejeros del Gobierno de la CM que lo único que pretende es eludir la responsabilidad de su Gobierno, con Isabel Díaz Ayuso al frente. Pero lo ocurrido ha puesto en el foco una situación que ya se venía denunciando por organizaciones sociales, asociaciones de profesionales, de mayores o de familiares. Al Fórum Feminista de Madrid también nos interesa y nos preocupa. Siempre hemos reivindicado la responsabilidad pública sobre los cuidados y la ampliación y mejora del Sistema de Atención a la Dependencia y señalamos el importante calado de género que tiene la atención residencial. Tanto la mayoría de residentes como de las trabajadoras, son mujeres. La pandemia ha puesto de manifiesto, además de la desatención sanitaria, la precariedad de las condiciones de las trabajadoras. Hablamos de mujeres con salarios bajos (SMI), plantillas muy escasas para atender a grandes dependientes, que se ven obligadas a realizar múltiples funciones, desde tareas de limpieza hasta proporcionar cuidados sanitarios, sin que se les proporciones la formación ni los medios para ello. La crisis del COVID19 ha agravado esta situación previa por la falta de apoyo del sistema sanitario, de EPIs y de otros medios. Las trabajadoras han sufrido la merma de plantillas por las bajas del personal contagiado y el impacto psicológico de ver fallecer a personas residentes con las que conviven a diario en los centros, y tener que seguir afrontando el día a día en esas condiciones sin que hayan gozado del reconocimiento social que si ha tenido el personal sanitario. La pandemia ha mostrado que lo que está en crisis es el modelo de atención residencial; un sector que se caracteriza por la privatización. Debido al envejecimiento de la población y la supervivencia a enfermedades, ha aumentado la demanda de atención residencial, que solo en una pequeña parte ha sido satisfecha por el Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Este sistema fue practicante desmantelado por los gobiernos de Mariano Rajoy, que venía incumpliendo las obligaciones de financiación por parte del Estado y que, desde el decretazo de 2012, redujo las prestaciones, aumentando los copagos entre otros recortes que sufrió la ley, aún no revertidos por el actual gobierno. Esta demanda ha sido satisfecha por el mercado, por empresas que han visto en ello un nicho de negocio. Recordemos que el coste medio de una residencia en la CM ronda los 2.000 euros. El 83% de las residencias de mayores son privadas y, además, siguiendo la estela privatizadora del los gobiernos del PP de la CM, también se ha externalizado la gestión a empresas privadas de las pocas residencias públicas de titularidad que había. El resultado es que el esfuerzo económico es sangrante para las personas, lesionando el derecho de acceso a la atención residencial por la desigualdad económica. Ante la imposibilidad de acceder a una plaza residencial, muchas personas dependientes con necesidades de atención continuadas, siguen siendo cuidadas por las mujeres dentro de las familias, o bien por otras mujeres contratadas en condiciones precarias. El cuidado sigue siendo asunto de mujeres, lastrando su desarrollo personal, profesional y su salud. En definitiva, no podremos alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres mientras no se compartan los cuidados en igualdad de condiciones. En el Fórum de Política Feminista afirmamos que el cuidado de las personas debe ser un valor social, la base sobre la que se construya una sociedad y es una responsabilidad que deben asumir las administraciones, en este caso mediante un sistema público, universal y de calidad para la atención a la dependencia. Conviene tener presente que una residencia es un espacio de convivencia e interrelación, y es un recurso necesario cuando las personas tienen necesidades básicas que no pueden satisfacer adecuadamente en su entorno habitual. Recordemos que cuando hablamos de residencias no solo nos referimos a residencias para personas mayores; también para personas con discapacidad y personas con problemática de salud mental, aunque son establecimientos con distintas características. En una residencia podrán vivir personas dependientes con enfermedades crónicas a veces complejas; pero una residencia, no es un hospital. Aunque en las centros residenciales puedan disponer de determinadas servicios sanitarios, de acuerdo al volumen y características de su población residente, estos podrán ser un apoyo, pero la responsabilidad de la atención a su salud debe ser del sistema sanitario. POR ELLO, PROPONEMOS: - Freno al modelo de macro-residencias, más parecido a un hospital que a un hogar, para ir a modelos más pequeños que favorezcan la convivencia. - Atención sanitaria por los equipos domiciliarios de los Centros de Atención Primaria de Salud, que deberán ser reforzados a tal efecto si es preciso. Así mismo, atención por otros niveles sanitarios cuando la persona lo necesite - Implementar de manera efectiva la necesaria coordinación sociosanitaria, tan debatida pero nunca hecha realidad, para que las personas reciban una atención integral acorde a sus necesidades. Esto es hoy posible gracias a las nuevas tecnologías, y la planificación de recursos por zonas lo facilitaría. - Planificación por áreas y zonas concordantes entre a las áreas de salud y de servicios sociales, para ajustar los recursos a las necesidades de la población. Dotación de plazas en centros residenciales de calidad y acorde las necesidades de la población - Acabar con la practica de adjudicar plaza residencial fuera del área de residencia de la persona, lo que facilita mantener sus vínculos, su participación e integración en la comunidad. - Las plazas serán con carácter general en habitaciones individuales, salvo circunstancias que aconsejen habitación compartida. - Acceso a la atención residencial cuando se plantea la necesidad, de acuerdo con lo expresado por la persona y su entorno y lo detectado por los profesionales. El informe social de los servicios comunitarios (CSS) junto con el informe de salud, debería ser suficiente para acceder a los recursos sin tener que pasar por largos procesos burocráticos, que solo responden a la falta de recursos en relación con las necesidades - El sistema público de servicios sociales y atención a la dependencia debe tener el protagonismo y atender al grueso de la demanda social, y la iniciativa privada debe ser subsidiaria. Solo de manera transitoria mientras no existan suficientes recursos públicos, debe recurrirse al concierto que siempre estará sometido al control publico, - Creación de plazas residenciales públicas con estos criterios, acorde a las necesidades planteadas que crearía nuevos empleos en un sector feminizado. Por ello pedimos empleo de calidad, con ratios de personal suficientes y formación y medios técnicos adecuados. Madrid, a 15 de junio de 2020